Colombia, situación política y económica en colapso
Jose Palacio
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a Colombia el 6 de junio para investigar las violaciones de derechos humanos, la represión y la violencia cometidas por las fuerzas del orden de Colombia durante las recientes protestas, que comenzaron contra la reforma financiera del gobierno de Iván. Duque y rápidamente se convirtió en un movimiento de protesta contra todo el trabajo ejecutivo y el modelo político del país.
Veinticinco informes de violación, 58 muertes (al 14 de junio), 51 personas que perdieron un ojo por balas de goma, cientos de personas desaparecidas y cuyos familiares no han sabido nada durante días o semanas, decenas de videos que dan testimonio de la uso excesivo de la fuerza por parte de la policía colombiana, incluyendo casos en los que el uso de armas de fuego de cuerpo entero contra la población es claro y sin lugar a dudas. Llegar a las sospechas de colaboración con personas vestidas de civil, no mejor identificadas, que, en aparente complicidad con la policía, habrían participado en los tiroteos en Cali y Bogotá.
Las acusaciones también incluyen la creación de verdaderos centros de tortura instalados dentro de grandes locales comerciales. La existencia de estos centros está por el momento atestiguada exclusivamente por algunos videos que circulan en las redes sociales y por el testimonio de algunos jóvenes que habrían sido encarcelados y torturados durante varios días, mientras que la policía colombiana niega y niega rotundamente su existencia. lugares.
Las manifestaciones en Colombia llevan ya casi dos meses. Desde el 28 de abril, cuando se iniciaron las protestas contra la reforma tributaria del gobierno de Iván Duque, que luego fue retirada debido a la presión popular. Desde entonces, las protestas no han amainado y se han convertido en un verdadero movimiento popular que pide la dimisión del gobierno.
Se acusa al ejecutivo de Iván Duque de haber abandonado la implementación de los acuerdos de paz, de haber hecho poco o nada para evitar la persecución a los líderes sociales, de manejar mal la crisis de salud y querer pagar los costos de la consecuente crisis económica a los más pobres y más. sectores desfavorecidos de la población.
Estas acusaciones se suman a los problemas estructurales de Colombia: un salario mínimo de $ 234 mensuales y la extrema expansión de la economía informal, la presencia de grupos armados ilegales y economías ilícitas relacionadas, los 6.402 asesinatos estatales cometidos por el ejército entre 2002 y 2008, la crisis migratoria venezolana, que trajo a más de 2 millones de personas al territorio colombiano, la falta de infraestructura, escuelas y hospitales en muchas zonas rurales del país y un nivel de desigualdad entre los más elevados de América Latina.
“Los miembros de la policía nacional colombiana cometieron abusos muy graves contra manifestantes, en su mayoría pacíficos, durante las protestas que comenzaron en abril”, escribe Human Right Watch en un comunicado de fecha 9 de junio de 2021.
Jose Palacio Barranquilla, Colombia
